El día de hoy deberá publicarse
la convocatoria para la renovación del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán. Aún y cuando los acuerdos legislativos ya estaban en marcha, la
convocatoria que ahora emite la LXXII Legislatura del Congreso Local ocurre en
cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que, textualmente, “ordena al Congreso del Estado de Michoacán, por conducto de
su Presidente, que de manera inmediata … inicie el proceso para integrar y
renovar el órgano administrativo electoral local”.
Este hecho, y todos los
antecedentes políticos y jurisdiccionales públicamente conocidos, han puesto en
tensión un proceso de renovación institucional que ahora es preciso atemperar y
sujetar en definitiva a los términos de normalidad democrática que reclama su
constitucionalidad.
A partir de ahora el proceso
debería conducirse estrictamente en forma cierta, imparcial, independiente,
legal y objetiva para integrar al máximo órgano de dirección de un renovado IEM
cierto, imparcial, independiente, legal y objetivo. No debiese haber titubeos
en este aspecto.
La opinión pública en Michoacán
ha estado atenta a la forma en cómo recientemente han sido designados los
integrantes de los cuerpos colegiados que gobiernan a diversos órganos
constitucionales autónomos estatales. Esta vez es imprescindible que impere la
visión de Estado de nuestras y nuestros legisladores, desvaneciendo cualquier
tentación de distribución por “cuotas” o asignaciones sucesivas de carácter
partidario.
Con todo respeto, una cosa es
integrar órganos que vigilan la acción de los gobernantes y otra es constituir
a la institución que garantiza la legalidad y legitimidad de su elección.
Este asunto se vuelve crucial
dada la coyuntura nacional. Literalmente, el Acuerdo 5.3 del Pacto por México
recientemente suscrito por el Presidente de la República y los presidentes de
los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y
Acción Nacional, anuncia “crear una autoridad electoral de carácter nacional y
una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como
de las estatales y municipales”.
Como bien sabemos, esta idea se
basa en la sospecha de la partidización de los institutos electoral estatales
en el país, suspicacia que ahora toma forma de hipótesis académica en una
amplia investigación que conducen reconocidos especialistas de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su sede México. De allí que la pulcritud en las designaciones de sus consejeros sea a su vez parte del indispensable cuidadado e incluso defensa de la institucionalidad electoral estatal en la República.
Esta circunstancia motivas estas
líneas, que se escriben bajo la convicción de que las y los diputados
michoacanos sabrán conducir a buen puerto la renovación del IEM ciudadano y
profesional que requiere el avance de nuestra democracia, y que en Michoacán
existe un muy amplio sector de expertos y expertas electorales que habrán de
atender la convocatoria de mérito con toda decisión y compromiso democrático.
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